Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 04.08.2022).- Este jueves, el fiscal general de la República, Tarek Willian Saab, anunció la solicitud de orden de aprehensión contra la periodista Carla Angola por la presunta comisión de apología en relación al delito de magnicidio del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante la rueda de prensa ofrecida desde la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, precisó: "Con el peor de los desparpajos y la irresponsabilidad, esta señora inventa una excusa de las redes sociales para referir lo que ella quiere. Nuestro país quiere paz y tranquilidad".

"Por tal motivo, el mencionado despacho fiscal solicitó orden de aprehensión en contra de Carla Angola por la presunta comisión de apología en relación al delito de magnicidio", designando a la Fiscalía 8ª del Área Metropolitana de Caracas y fiscales nacionales.

Seguidamente, explicó que el delito está previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal, en relación al artículo 406 numeral 3 literal b, "Esta solicitud fue hecha ante un Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas".

En ese sentido, William Saab ejemplificó la acción con los casos de Perú y Polonia, donde usuarios de las redes sociales incitaron el magnicidio de los representantes de los países mencionados, los cuales, en cada caso se le iniciaron las investigaciones pertinentes por el presunto delito de apología y discriminación.

"A principios de año en Perú, la Fiscalía de ese país inició una investigación por el presunto delito de apología y discriminación contra el periodista Jimmy Daves del Diario Trome, quien a través de Twitter incitó al asesinato del presidente Pedro Castillo? En otro caso, las autoridades polacas detuvieron este mes a un ciudadano que incitaba a matar al presidente del país, Andrzej Duda, y al primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, desde la red social Facebook", recordó.

Refiriéndose al caso de la periodista radicada en EE.UU, afirmó: "lo hace a viva voz desde un programa televisivo hecho en Miami? Cuando usted incita al magnicidio está promoviendo una guerra civil en dicho país".

Caso de estafa

En este contexto que también involucra a la periodista Carla Angola, el Fiscal General enfatizó que el MP ordena la investigación en atención a la denuncia de personas que entregaron una gran suma de dinero a fin de adquirir un inmueble en la Urbanización El Cafetal del municipio Baruta, que tiene como propietario al ciudadano Luis Alejandro Arévalo Troconis, esposo de Angola.

Informó que en la propiedad habitan cuatro familias en distintos anexos de la propiedad, de las cuales dos familias en el año 2014, le hicieron entrega de una gran suma de dinero para adquirir la titularidad de dicho inmueble.

"Al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta, se evidencia que estos ciudadanos fueron burlados de su buena fe y habrían sido víctimas del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal", aseveró.

Condenas por caso de magnicidio

En referencia al intento de magnicidio frustrado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018 la máxima autoridad de la acción penal en el país, ofreció un balance de las acciones tomadas por el MP en las cuales resaltó: "El juicio inició el #2Dic de 2019. Se realizaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos civiles. Hubo la oportunidad, según implica el derecho, del debido proceso".

"12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión por este aberrante delito, mientras que otros cinco fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años de prisión", añadió y manifestó que fueron acusados por los delitos de traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, además de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración; y lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones pública.

Mientras que los otros implicados fueron condenados por terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, encubrimiento del delito de terrorismo y asociación.

"Este tipo de hechos no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena. Si así atentan contra el jefe de Estado qué quedará para el ciudadano común y la gente de a pie", concluyó.

Foto: Archivo