MP desmantela mafia vinculada al cobro en dólares para llenado de gas doméstico


El fiscal general de la República, Tarek William Saab, explicó que se cobraban 10 dólares por las bombonas pequeñas y 40 dólares por las grandes
Privan de libertad a oficial de seguridad de la AN por terrorismo

Prensa MPP- Despacho (Edgar Mireles /04.02.21).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que el Ministerio Público (MP) imputará a tres de cuatro gerentes de Gas Comunal, filial de PDVSA, quienes fueron aprehendidos por formar parte de una red de corrupción que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas de gas a las empresas distribuidoras de este combustible.

"Tras las investigaciones el Ministerio Público habría solicitado órdenes de aprehensión contra el presidente de Gas Comunal PDVSA, Jacob Grey, el gerente de la planta de llenado de gas Charallave, Yohandry José Guevara Álvarez, la gerente de la planta de llenado de gas Apacuana, Oriana Alejandra Betancourt Corales, estos tres últimos capturados por la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas", aseveró Saab durante una rueda de prensa.

Explicó que en un local fueron incautados 4 mil cilindros de gas doméstico de distinto tamaño, así como 7 vehículos tipo camión y un teléfono celular, del que se obtuvieron conversaciones que involucraban a otras personas.

"La trama fue develada tras la detención de Adán Contreras, propietario del galpón MARACAY GAS 2020; donde vendía bombonas de gas en dólares, este ciudadano no poseía la permisología correspondiente para almacenar, distribuir y comercializar gas doméstico. Fue presentado y privado de libertad por el delito de especulación, tras lo cual se acogió a la delación y detalló un esquema de corrupción dirigido desde la máxima autoridad de la empresa Gas Comunal, filial de Pdvsa", sostuvo.

Saab detalló igualmente que estos funcionarios exigían pago en dólares de comisión por el llenado de cada bombona, adicional al costo en bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa. "Esto ataca los bolsillos de las amas de casa y los trabajadores. Se cobraban 10 dólares por las bombonas pequeñas y 40 dólares por las grandes, Nerecen todo el peso de la Ley", afirmó.

Inspectorías del Trabajo en Nueva Esparta y Sucre

Por otra parte, el MP ordenó las privativas de libertad en contra de Pedro Luis Aliendres Vásquez y Elías Antonio Martínez; quienes ejercían como inspectores jefe de la Inspectoría de Trabajo en Nueva Esparta y Sucre, respectivamente.

"Ambos fueron denunciados por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Las experticias determinaron que los funcionarios realizaban negociaciones ilegales para favorecer a empresas en los procesos que tenían en las inspectorías del trabajo de Nueva Esparta y Sucre", precisó.

En ese contexto, ambos funcionarios fueron imputados por los delitos de corrupción propia agravada y agavillamiento. "Ése no es el deber ser, no es la actitud de un funcionario público. Están atentando contra el pueblo", manifestó.

Privado de libertad oficial de seguridad de la AN

El Fiscal General anunció además la privativa de libertad en contra del oficial de seguridad de la División de Prevención y Control de Pérdidas de la Asamblea Nacional (AN), Richard Alberto Grillet Álvarez; por su presunta responsabilidad en la planificación de actividades terroristas.

"Grillet Álvarez mantenía vinculación con un expolicía municipal de Girardot, de nombre Mariano José Ugarte Mariño quien se encuentra en Colombia con la misión de reclutar y organizar grupos de exmilitares y expolicías, así como también activos dentro y fuera del territorio nacional; con la finalidad de planificar y ejecutar actividades conspirativas", alertó.

Añadió que el ciudadano detenido se había comprometido a realizar acciones de sabotaje, terrorismo, sustracción de información clasificada; así como facilitar acceso de grupos extremistas a las instalaciones de la AN con la finalidad de que atenten en contra de la integridad física de los diputados y el normal desarrollo de las sesiones parlamentarias.



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