Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 26.01.2024).- Este viernes, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ratificó inhabilitación de la opositora María Corina Machado para ejercer cargos públicos y políticos en los 15 años, debido a su participación en distintos actos para perturbar la paz y soberanía de la Patria.

La resolución respalda la decisión tomada al recordar que la ciudadana está incursa "en los hechos y participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa Citgo Holding, INC y Citgo Petroleum Corporation con un valor aproximado de treinta y cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 34.000.000.000,00) a la empresa canadiense Crystallex por mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 1.500.000.000,00), lo que causó un daño al patrimonio de la Nación por treinta y dos mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 32.500.000,000,00)".

"La entrega de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., la cual fue llevada a la quiebra, el secuestro y robo de las treinta y un (31) toneladas de oro venezolano (...). Concluyéndose que el bloqueo solicitado por María Corina Machado Parisca, en connivencia con el usurpador Juan Guaidó, entre otros, ha generado el secuestro de cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 4.000.000.000,00) retenidos en el sistema bancario internacional. (...) ha solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana, (?) Genera además la imposibilidad de comprar medicamentos antirretrovirales para garantizar el tratamiento a más de 60 mil pacientes de VIH-SIDÁ, y que contempla las vacunas para niños y adolescentes (...). (...) no ha dejado que unas 300 mil dosis de insulinas lleguen al país (...)", precisa.

Además: "Dicha ciudadana incumplió las disposiciones establecidas en el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva, toda vez que aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir del 20 de marzo de 2014, perdiendo así la investidura de Diputada de la Asamblea Nacional".

Inhabilitación de Capriles Radosnki

Asimismo, la máxima instancia jurídica de la nación reiteró la inhabilitación de Henrique Capriles Radosnki para el ejercicio de funciones públicas durante 15 años, de acuerdo a la resolución emitida el pasado 6 de abril de 2017.

La inhabilitación de Radonski fue emitida por el TSJ por estar incurso en irregularidades administrativas ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre del 2013, en el desempeño de sus funciones como gobernador del estado Bolivariano de Miranda, al haber actuado de manera negligente al no presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, ante el Consejo Legislativo del mencionado estado.

"De igual forma, por haber suscrito los contratos Nros. GJ-0041-2011 y 0032 de fechas 06 de junio de 2011 y 24 de febrero de 2012, ello en contravención de los artículos 96 y 99 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas", reza en el texto legal.

Reiteró: "No cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023 y en consecuencia el ciudadano, Henrique Capriles Radonski, está inhabilitado por 15 años para el ejercicio de funciones públicas, remítase el presente expediente al Fiscal General de la República por los presuntos hechos graves en que incurrió el prenombrado ciudadano, a fin de que determine las sanciones penales a que haya lugar".

En consonancia y apegados a la Ley, luego de una exhaustiva evaluación por el máximo tribunal, se dio a conocer la habilitación de los ciudadanos: Daniel Ceballos, Leocenis García, Richard Mardo, Rosa Brandonisio, Pablo Pérez, Vicenzo Scarano y Zulay Medina.

En cumplimiento con los Acuerdos de Barbados, el TSJ dio respuesta eficaz a las solicitudes recibidas el pasado mes de diciembre de 2023, de acuerdo a lo suscrito el 17 de octubre de 2023, producto de la mesa de diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria, con la mediación de Reino Unido y México.

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