Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 12.02.2021).- Este viernes, en rueda de prensa ofrecida a medios nacionales e internacionales, la Relatora Especial de Derechos Humanos (DD.HH) de la ONU, Alena Douhan, dio a conocer los resultados preliminares de la visita realizada a la República Bolivariana de Venezuela desde el 1° al 12 de febrero, con el propósito de evaluar el impacto de las medidas coercitivas aplicadas a la nación por parte del gobierno de Estados Unidos y sus aliados a nivel mundial.

El informe definitivo se dará a conocer al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

Durante su intervención la Relatora Especial, precisó que las medidas unilaterales aplicadas contra Venezuela, sus instituciones y activos internacionales, violan los derechos internacionales y los derechos del país.

Al tiempo que agradeció la cálida atención brindada por el Gobierno, quien no escatimó en facilitar "un diálogo franco y abierto", agradecer especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración y a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Seguidamente, en un pormenorizado resumen de la aplicación las medidas coercitivas e ilegales contra Venezuela desde el año 2005, reforzado en el año 2014 y repotenciadas durante el 2020 en medio de la pandemia de la COVID- 19, reconoció "la decisión del nuevo Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos".

A la vez que manifestó su preocupación ante la situación de calamidad generada por las sanciones imperiales que someten a la nación al congelamiento de los activos del Banco Central de Venezuela (BCV), impidiendo los ingresos petroleros que mantiene los programas de atención social en el país, aumentando la crisis, tensiones, separación de las familias, menos mano de obra forzada y migración, además de impedir el acceso a medicamentos y alimentos por parte del gobierno venezolano, impactando directamente la salud de los ciudadanos.

La Relatora Especial instó a los bancos de Inglaterra y Portugal, a que devuelvan los activos que retienen de manera ilegal a Venezuela que será destinado a la atención de la crisis económica.

Resaltó que los ingresos de la nación suramericana han disminuido en 99%, quedando con tan solo 1% para la atención de la dinámica del país.

"El 76% del ingreso venezolano se utilizaba para proyectos sociales y solo hay 1% de ingreso, entonces en realidad es una suma de dinero miserable", subrayó.

Asimismo, señaló: "Preocupa que las sanciones contra el petróleo, minería, el bloqueo económico a Venezuela, el congelamiento de los activos del BCV, han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructuras y programas sociales".

Apuntó todas estas medidas ilegales han llevado el salario de los trabajadores públicos entre 2 y 3 dólares, adquiriendo solo el 1% de la cesta básica de alimentación. "La gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del CLAP y transferencia de dinero a través del Carnet de la Patria y numerosos subsidios para los empleados", agregó.

En tal sentido, Douhan, exhortó al diálogo entre los países en el contexto del Estado de Derecho y el respeto de los DD.HH, con el objetivo que estas sanciones sean eliminadas y la población venezolana pueda recuperar su calidad de vida, al puntualizar que desde su posición como abogado no comparte el uso de la fuerza, ni sanciones apostando a las instituciones judiciales competentes internacionales.

El Informe denominado "Derechos Humanos y medidas coercitivas unilaterales", inicia con una exposición que indica las diferentes autoridades con las cuales sostuvo encuentros y reuniones la Relatora Especial, quien respondió todas y cada una de las interrogantes formuladas por los medios nacionales e internacionales, presentes en el encuentro con los medios.

Unas 17 cuartillas comprenden el Informe, que incluye el contexto de la visita al país, la Situación económica y humanitaria en Venezuela, una Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones, el Impacto en el disfrute de los derechos humanos y las Recomendaciones.

Foto: MPPRE