Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 09.11.2020).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, en compañía del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, informaron al país sobre la visita de Estado realizada a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con el firme propósito de fortalecer los lazos de cooperación con el organismo, a la par de aportar los detalles de los avances del sistema de justicia de Venezuela para la aplicación de sanciones en casos de violación a los Derechos Humanos.

Durante la visita a la sede de la CPI, ubicada en los Países Bajos las autoridades venezolanas resaltaron el compromiso del Estado y sus instituciones en la investigación, imputación, acusación y condena a los responsables de violaciones de los Derechos Humanos, como ha sido ejecutado por el Ministerio Público y los Tribunales competentes.

Seguidamente, puntualizó que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, analiza dos cuestiones sobre Venezuela, "la llamada Venezuela I, referida a presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. El estudio de este asunto inició en febrero de 2018".

Este caso comprende las investigaciones correspondientes a las acciones de las fuerzas de seguridad que hayan incurrido en violación de Derechos Humanos, además de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado.
El Venezuela II, estudia los presuntos crímenes de lesa humanidad consecuencias de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas impuestas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2014.

"Debemos dejar claro que tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior, la Fiscal Bensouda ratificó que ambas cuestiones Venezuela I y Venezuela II permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto, pese a los esfuerzos de medios para transmitir noticias falsas", indicó.

Del mismo modo, la máxima autoridad penal del país, informó que el encuentro sirvió para reafirmar la disposición del Estado venezolano de colaborar con la CPI, enviando la información solicitada sobre las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, al tiempo que resaltó la invitación a la Fiscal a suelo venezolano, "para que pueda conocer cómo se hacen las investigaciones en este país", agregó.

CPI es complementaria

En tanto, explicó: "La Corte Penal Internacional no sustituye a la legislación penal de Venezuela, este tiene un carácter complementario. Recordemos que la competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional", según lo estipulado en el Estatuto de Roma: crimen de genocidio; crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra y el crimen de agresión.

De acuerdo al artículo I del Estatuto de Roma "la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que están bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias", manifestó.

En tal sentido, señaló que para que los casos pasen a la Corte, es necesario que superen el proceso de revisión preliminar en el que se verifica que los delitos son competencia del Organismo una vez verificada su admisibilidad, es decir siempre que se reúnan los elementos necesarios para la investigación.

En caso que se llegue a la conclusión: "en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia", Saab enfatizó: "Podremos demostrar fehacientemente que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley".

Asimismo, afirmó que en la nación venezolana no se han cometido delitos de lesa humanidad, "porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley".

Sanciones contra la CPI

En este contexto el Fiscal Saab, reiteró el reconocimiento y apoyo a la CPI, brindando grandes aportes en la evolución de la justicia internacional y se demuestra en la actitud de Venezuela de someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, caso contrario de los Estados Unidos que ha sancionado a la fiscal Bensouda y otro funcionario de la Corte, "por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán", precisó.

"Estas sanciones se basaron en una Orden Ejecutiva emitida el 11 de junio por el presidente Donald Trump, que declaró una Emergencia Nacional que autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra ciertos funcionarios de la CPI", aclaró.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, agregó que en las conversaciones se detalló los daños causados por las sanciones contra Venezuela, impidiendo al Estado la compra de alimentos, medicamentos y tratamientos de relevante importancia.

"Reiteramos que la Defensoría del Pueblo está de puertas abiertas para atender a las personas que no han podido continuar con sus tratamientos médicos. Terminamos con el compromiso de presentar cualquier denuncia que exista sobre violaciones contra los derechos humanos. Seguimos trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado para seguir avanzando y tener mejor calidad de vida", concluyó.

Foto: MP