Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/10.03.2020).- La Gaceta Oficial de Venezuela número 41.834, publica el Decreto 4.151 que establece la normativa reguladora del Registro de impacto negativo causado por las medidas coercitivas y unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra la patria de Bolívar y Chávez.

Este registro creado por el Gobierno Bolivariano tiene como propósito recolectar datos e información que servirán de respaldo para la denuncia formulada ante la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI), el pasado 13 de febrero, por el canciller de la República, Jorge Arreaza.

El Decreto establece que las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deben suministrar a la Vicepresidencia Ejecutiva un informe detallado y debidamente sustentado de los daños causados por las medidas coercitivas unilaterales, acompañado de la base de cálculo utilizada para determinar la cuantía de los daños económicos y de los documentos que demuestren el impacto negativo reportado.

Igualmente, estipula que se conforme en las instituciones públicas una unidad o departamento encargado de manera permanente de recabar, analizar, calcular y registrar los daños causados por las medidas coercitivas unilaterales y los documentos que le sirven de respaldo.

A los efectos del Decreto "se considera como impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales todas aquellas afectaciones al normal y cotidiano desempeño de las labores encomendadas a las instituciones del Estado, que puedan ser atribuidas, directa o indirectamente, a cualquiera de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, los Estados que integran la Unión Europea o cualquier otro Estado extranjero", define el instrumento jurídico.

Vale recordar que el pasado viernes, inició a nivel nacional la campaña "Las Sanciones son un Crimen", para demostrar ante el mundo y los organismos internacionales que las medidas coercitivas y unilaterales, son un arma letal en contra del pueblo venezolano, al tiempo que se constituyen en una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo puso a disposición las 33 sedes del organismo desplegadas en el territorio nacional, a fin de recibir las denuncias de los venezolanos víctimas de las medidas coercitivas, que eleven la eficiencia del expediente que será presentado ante la Corte Penal Internacional.

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