Prensa Mppdpsgg (Mariangely Carmona 27-12-2017).- Desde el 31 de marzo, el sector más radical de la derecha venezolana desarrolló una campaña de odio y desestabilización, intentando derrocar al Gobierno Revolucionario. Con un discurso agitador, dirigentes de oposición instaron a sus seguidores a generar violencia en las calles del este de Caracas.

Un detalle curioso de estos días fue que en la Capital, la violencia inició en los municipios, cuyos alcaldes militan en partidos que conforman la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), es decir, Chacao, El Hatillo y Baruta.

Con la arenga de estos líderes, la violencia y el odio que generaron estos actos terroristas fueron aumentando progresivamente, y ya no solo se presentaban en Caracas, sino que las principales ciudades en el interior del país también fueron escenarios de una guerra con fachada de protestas "pacíficas", caracterizadas por presencia de encapuchados, bombas incendiarias y asesinatos.

Durante esos meses, estos grupos causaron pérdidas millonarias al quemar y saquear más de 900 locales comerciales e instituciones públicas, dejando centenares de familias sin empleos y con pesar, al ver sus inversiones en cenizas.

De igual modo, estas acciones, contabilizadas por la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional Constituyente, en más de 4 439 hechos de violencia, produjeron 1 958 víctimas, de las cuales 121 fallecieron y 73 funcionarios públicos fueron agredidos.

Entre los fallecidos, destacó el caso de Almelina Carrillo Virgüez, quien recibió un golpe en la cabeza por parte de personas violentas quienes, desde los edificios en el sector La Candelaria de Caracas, lanzaban botellas y objetos contundentes contra una movilización revolucionaria que se concentraba en la avenida Bolívar, en pleno centro del Municipio Libertador. Uno de esos objetos impactó contra Carrillo Virgüez, causándole un traumatismo cráneo-encefálico, que le produjo la muerte a los pocos días.

Así como el caso de Orlando José Figuera, joven de 21 años, quemado y apuñalado por un grupo de personas en Altamira, quienes lo señalaban de "infiltrado chavista". Tras sufrir por semanas como consecuencia de las quemaduras de 1er y 2do grado en 80% de su cuerpo, falleció de un paro cardiopulmonar.

Pero esos serían apenas dos de los más de 120 asesinados durante la escalada violenta que duró más de 100 días, y que la MUD, en su irresponsabilidad política atribuyó a las fuerzas de seguridad y al Gobierno nacional.

Otro detalle destacable es que todas estas acciones contaron con la presencia masiva y significativa de fotógrafos y "corresponsales de guerra" internacionales.

Cada declaración de los voceros de la MUD fue difundida en el exterior por las cadenas de televisión más grandes del mundo, las cuales se encargaron de magnificar cada acto violento y tergiversar las acciones de los cuerpos de seguridad, generando una matriz de opinión que aseguraba que Venezuela estaba en guerra, cuando en realidad se trataba de grupos financiados por la oposición actuando en sectores controlados por autoridades antirrevolucionarias.

No obstante, las autoridades nacionales demostraron, por medio de investigaciones, que estos jóvenes violentos eran financiados para realizar acciones terroristas y para provocar a las fuerzas de seguridad pública, dispuestas para prevenir y resguardar la integridad de personas inocentes y el patrimonio nacional.

La plaza Altamira del municipio Chacao, al Este de Caracas, así como sectores de San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto, al llegar la tarde se convertían en zonas de batallas campales con barricadas que limitaban las zonas de enfrentamientos, administradas por encapuchados, quienes consumían sustancias psicotrópicas e ingerían bebidas alcohólicas en plena vía pública.

Estas acciones comenzaron a ser condenadas por los mismos vecinos opositores, quienes se vieron afectados con la imposibilidad de transitar libremente por sus zonas residenciales, además del peligro que significaban las armas de fuego y demás artefactos usados por los violentos, quienes creyéndose dueños de las calles y con la venia de las autoridades municipales, crearon alcabalas y hasta robaron a quienes se atrevían a desafiar su "autoridad".

Violencia in crescendo

La violencia se extrapoló hacia espacios inéditos y, "al menos 8 centros de salud fueron víctimas de acciones violentas, como el Materno Infantil Hugo Chávez en El Valle, donde 54 niños y niñas fueron afectados, 28 recién nacidos y 6 neonatos que se encontraban en terapia intensiva tuvieron que ser desalojados del lugar producto de las acciones violentas".

También dos centros de acopio de alimentos fueron quemados y se perdieron toneladas de alimentos de primera necesidad. 165 unidades de transporte y 12 instalaciones del Metro de Caracas se cuentan en las estadísticas de los hechos vandálicos.

Los ataques al Sistema Eléctrico Nacional sumaron 30 y las agresiones a los entes públicos, entre otros, tribunales, sedes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, sedes de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional Electoral, de ministerios, entre otras instituciones.

?Cerca de 200 centros electorales fueron sometidos al asedio, ataque y violencia" en el período objeto de investigación, con el fin de impedir que el pueblo ejerciera su derecho humano a sufragar para escoger los y las representantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

Destacan también los 39 ataques a instalaciones militares, las cuales fueron asediadas con armas de fuego y morteros caseros.

La OEA como ficha de los violentos

Como ya es recurrente en su política imperial, durante esos días, la Organización de Estados Americano (OEA) se sumaba abiertamente al plan golpista, favoreciendo y poniéndose del lado de los violentos; por lo que Venezuela decide retirarse de esa institución.

La Canciller Delcy Rodríguez, señalaba para el momento: "tal como lo habíamos anunciado al país y como lo ha instruido el Presidente Nicolás Maduro, que de persistir las acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas y groseras contra la soberanía de nuestra Patria, procederíamos de inmediato a denunciar la Carta de la OEA e iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional".

Llamado al diálogo

Simultáneamente y como respuesta a los ataques violentos y terroristas que buscaban establecerse como forma de hacer política en el país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, asumía y llamaba al pueblo a acompañarlo sin miedo, a un nuevo escenario de reconciliación.

"Yo estoy listo para el diálogo", decretó el Presidente Maduro, reiterando la invitación a dirigentes opositores quienes ya habían desestimado un primer llamado al entendimiento, propuesto por el Mandatario Nacional.

Activación del Poder Originario

Para el primero de mayo, luego del llamado a diálogo, el Jefe de Estado, anunciaba la activación del Poder originario del pueblo para una Asamblea Nacional Constituyente. "Yo convoco al Poder Constituyente Originario para lograr la paz que necesita la República, para que derrote el golpe fascista y sea el pueblo -con su soberanía- el que imponga la paz, la armonía y el diálogo nacional verdadero", anunciaba desde la avenida Bolívar de Caracas, frente a una multitudinaria concentración de trabajadores quienes celebraron el Día del Trabajador.

Esa misma noche firmaba el decreto para la ANC, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, exclamando: ¡Cúmplase de inmediato. Constituyente Ciudadana, Democrática, electa por el pueblo!

Como respuesta y siguiendo el guión imperial, la dirigencia opositora se niega al diálogo e intenta convencer a sus seguidores de que la convocatoria formulada por el Presidente Maduro es inconstitucional, desconociendo que de acuerdo al artículo 348 de la Carta Magna, la Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada por el Presidente de la República, según señala el texto constitucional:

"Artículo 348: La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral".

Posteriormente es designada la Comisión Presidencial de Consulta Popular para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Elías Jaua, que inició la más amplia convocatoria con todos los sectores de Venezuela.

Seguidamente, el 3 de mayo el Mandatario Nacional entregó al CNE el decreto que convoca la Asamblea Nacional Constituyente: ?Entrego el poder al pueblo para que decida el camino de la Patria?, manifestó el Jefe de Estado.


Fuentes: VTV, Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente

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